La movilización estudiantil de 2011 en Chile se ha desarrollado desde el mes de abril a través de una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria.
Estas movilizaciones han surgido de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la "Revolución pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior.
Los principales voceros del movimiento universitario han sido Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC). Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la "Revolución pingüina".
El movimiento ha sido considerado como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y, en conjunto con otras manifestaciones ocurridas durante el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera, han sido interpretadas como parte de un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y que se mantiene por más de veinte años sin cambios sustanciales, con el fin de reducir la fuerte desigualdad de ingreso existente en el país. Tras dos meses de paralizaciones, una reconocida encuesta de opinión pública cuantificó el respaldo que la movilización estudiantil ha suscitado en la ciudadanía, estableciendo la existencia de un fuerte apoyo de la población (cerca de un 70%) a las principales demandas del movimiento. El gobierno, en tanto, entró en una crisis política que derivó en una caída histórica en la aprobación presidencial y la realización de un cambio de gabinete
